Este viernes comparecerán ante comisiones del Congreso del estado dos de las secretarias más poderosas y opacas en materia de rendición de cuentas en el gabinete del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta: Rosa de la Paz Urtuzuástegui Carrillo, titular de Administración, y María Teresa Castro Corro, de Planeación y Finanzas.
La Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LX Legislatura, que preside el diputado Gabriel Biestro Medinilla, acordó que ambas no comparecieran ante el pleno, sino únicamente ante los diputados miembros de las Comisiones de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Presupuesto y Crédito Público.
He aquí algunas preguntas que los legisladores de ambas comisiones o de otras que quieran participar en este ejercicio de rendición de cuentas podrían hacerles para no quedar como paleros y hacer un papel más o menos decoroso.
Aquí las interrogantes para Rosa Urtuzuástegui:
Por qué los uniformes y zapatos escolares adquiridos por el gobierno del estado en 2020 salieron 40% más caros que los comprados por el gobierno interino de Pacheco Pulido, siendo que éstos ya tenían un sobreprecio de 30.2 millones de pesos, de acuerdo con el secretario de Educación, Melitón Lozano.
Cuál era la prisa por hacer estas compras, siendo que los estudiantes de primaria y secundaria no asisten a clases; por qué estos procedimientos no se suspendieron como en otras entidades por la pandemia, por qué el gobierno de Barbosa optó por un concurso por invitación y no por una licitación pública nacional en la adquisición de zapatos, faldas y pantalones, y playeras y suéteres escolares.
A cuánto ascienden las sanciones que el gobierno del estado ha aplicado por incumplimiento de proveedores y contratistas, cuántas garantías de cumplimiento de han hecho efectivas.
Qué penalizaciones han recibidos empresas como Lumo Financiera del Centro SA de CV, a la que se le arrendaron mil patrullas por un monto de 1 mil 387 millones de pesos y no cumplió en tiempo y forma con la entrega de las mismas; la jalisciense Intecproof SA de CV, a la cual se le contrató por más de 773 millones de pesos para implementar una plataforma que se encargaría del monitoreo vial a través de radares de velocidad, y de levantar 380 mil fotomultas mensuales, así como para detectar vehículos buscados a través de matrícula y para actualizar el padrón vehicular del estado o los fabricantes de los uniformes que en conjunto se llevaron contratos por 560.2 millones de pesos y que no entregaron la totalidad de las prendas a finales de octubre del año pasado como se había convenido.
Cuál es la razón social y el representante legal de la empresa que ha cobrado de abril a diciembre de 2020 la cantidad de 32.6 millones de pesos por el arrendamiento de dos helicópteros. Cuánto valen, sino se han vendido todavía las tres aeronaves que eran parte del hangar del gobierno del estado.
Si el gobierno redujo 15% el número de plazas, por qué este ajuste no se refleja en el gasto del capítulo 1000.
Cuántos bienes, servicios y obras públicas se han adquirido por licitación abierta, qué porcentaje del total representan, y cuántos por adjudicación directa o por invitación restringida; a cuánto ascienden los montos de los primeros y a cuántos los contratos de los segundos.
Aquí las preguntas para Teresa Castro Corro:
A cuánto asciende el monto recuperado por la actual administración estatal en multas, procedimientos administrativos y penales y sanciones aplicadas a funcionarios públicos de gobiernos anteriores.
Por qué los ingresos por fotomultas del año pasado sólo suman 6.5 millones, siendo que la empresa favorecida con este contrato y que ella impulsó —Intecproof SA de CV— se le pagan mes con mes más de 21 millones de pesos.
Cuánto ha pagado el gobierno del estado a despachos externos como de Florencio Madariaga Granados, y a cuánto ascienden los recursos que éste ha recuperado por las demandas y juicios promovidos ante la Fiscalía General del estado y diversos tribunales del fuero común y federal.
Por qué el Comité del Plan del Desarrollo de Puebla no sesiona.
Por qué algunas de las principales obras y proyectos anunciados o emprendidos por la administración estatal no fueron incluidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
A qué obedece que Puebla sea de los estados más castigados por la Federación en materia de recortes y reducción participaciones federales.
Qué acciones y disposiciones fiscales tiene previsto realizar en este y los siguientes años para reactivar la economía de la entidad y la inversión productiva, así como para recuperar los empleos y las empresas perdidas como consecuencia de la emergencia sanitaria y la crisis económica.
Siguiendo la política de austeridad del presidente López Obrador, en Puebla también podrían desaparecer o fusionarse con las dependencias ya existentes organismos aparentemente autónomos o descentralizados como el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, el Comité Estatal de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción, y Carreteras de Cuota Puebla por mencionar sólo algunos.
Si la base de contribuyentes de Puebla aumentó en 3.8%, en cuánto se elevó la recaudación de impuestos, productos, derechos y aprovechamientos estatales durante 2020
Para el director general de Carreteras de Cuota Puebla, Rodolfo Chávez Escudero, vienen malos tiempos.
Por lo pronto resultó positivo a Covid…
Muchos son los problemas que viene generando el director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, Manuel Melchor Solano Morales, con los cambios, ascensos y contrataciones que hace en esa área estratégica del gobierno del estado, por el alta de plazas no disponibles o carentes de suficiencia presupuestal, el extravío de documentos y el atraso en el pago de seguros de vida y aguinaldos.
Y es que el funcionario, de 74 años de edad, que viene del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha promovido a gente sin experiencia y con malos antecedentes dentro de la administración pública estatal como Julieta Solano Rodríguez, a la que nombró subdirectora de Factor Humano y Anabel Herrero Picaso, a la que designó jefa de Recursos Humanos.
La primera, que en el sexenio de Mario Marín laboró como agente de tránsito en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y fue puesta a disposición de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas después de que fue sorprendida solicitando dinero, hoy es la mano derecha del director general del área, y la responsable del descontrol que hoy existe.
Anabel Herrera, su mano izquierda, salió positiva a Covid, pero el asunto se mantiene en secreto ante el malestar de empleados de la Dirección de Recursos Humanos que fueron obligados a regresar a sus labores a pesar de contar con más de 60 años de edad y tener alguna enfermedad que los convierte en sujetos vulnerables al coronavirus.
Foto:e-consulta
Pör: Rodolfo Ruíz R./e-consulta